fORO MAYA PENINSULAR DE YUCATAN Y QUINTANA ROO
POR UN MEXICO JUSTO E INCLUYENTE

 

LIBRAR  EL CAMINO: PUEBLOS INDIOS Y NUEVO PROYECTO DE NACION

POSCAPITALISTA.[1]

 

POR GUILLERMO MAY CORREA.[2]

 

 

 

 INTRODUCCIÓN.

 

Tal como señala el inicio de la Primera Declaración de la Selva Lacandona, emitida el primero de enero de 1994,  por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que a la letra dice: “ somos producto de más de 500 años de lucha...” Once años después, este sigue siendo el ingrediente acumulativo de los pueblos indígenas de México. Desde  la colonia, los pueblos indígenas  se ubican en dos contextos jurídicos diferenciados: el primero, que compete a la hegemonía de los invasores y  que se cimienta en un sentido utilitarista-mercantil, a través de  órganos especializados de aplicación del derecho, siendo este  un derecho escrito y fincado en el poder del Estado y la iglesia. Y el segundo, que corresponde al sistema de derecho consuetudinario de los pueblos, que sin ser hegemónico, se finca en su cosmovisión, con la diferencia de haberse sustraído al dominio de sus conquistadores y que es aquel que se conoce y aplica en gran parte, en las comunidades de manera autonómica.

No obstante que en 1812 la Constitucion de Cádiz introdujo algunas modificaciones al régimen jurídico hegemónico hacia  los pueblos indios, en los hechos y en las leyes,  gran parte de este derecho excluyente se mantuvo en la  Reforma, la Independencia, el periodo revolucionario y aun en el México de hoy.  Pero también se preservo el derecho consuetudinario de los pueblos indios, las más de la veces, fuera de la mirada occidental.

 

 

 CONTEXTO NACIONAL

 

Por mas de veinte años con las políticas neoliberales de los gobiernos priistas y panistas, el estancamiento económico y el desmantelamiento del Estado mexicano y sus políticas redistributivas  derivo en una profunda crisis de las instituciones políticas; quebrantamiento de la soberanía nacional, desavenencias y reacomodos en la clase dominante, crisis del pacto corporativo y procesos de recomposición aun inconclusos de las clases dominadas, en un compulsivo e incierto proceso de sucesión sexenal. En el mundo indígena, los saldos de la política neo-indigenista foxista son: demostrar que el acceso al uso y disfrute de los recursos naturales fue el elemento central para el rechazo del Estado (poder ejecutivo, legislativo y judicial), de la ley COCOPA y la imposición de la contrarreforma indígena; ahora esto se profundiza con la aprobación de las leyes secundarias, o sea se legisla sobre la materia y no sobre los sujetos de derecho. Los pueblos indígenas convertidos en frases huecas del discurso oficial que sirve para justificar “que se les toma en cuenta” y al mismo tiempo cancelar la autonomía y su propia existencia al privatizar sus tierras y territorios. Destinadas para futuro uso de los megaproyectos neoliberales (presas, energía eólica, ecoturismo, parque nacionales, etc.) los instrumentos  actuales son: Ley de Biodiversidad de Organismos Genéticamente Modificados; Ley Minera; Ley de Aguas Nacionales; ley de Vida Silvestre; Ley de Desarrollo Rural. O instituciones del gobierno como la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que en realidad suplanta a estos; la Secretaria de Medio Ambiente que funge como administradora general del remate de recursos estratégicos, o sea la privatización de los recursos genéticos al patentizar los recursos naturales de los territorios de los pueblos indígenas. El aumento de los migrantes indígenas, a los centros urbanos y al  los EE.UU. por causas de la crisis y sin papales que justifiquen su existencia y traslado y dejando familia, tierras y comunidades a cambio de no morir de hambre, pero dejando en sus lugares de origen, sus símbolos, su cosmovisión, su identidad en espera de un próximo regreso. Paralelamente durante el foxismo, el militarismo y el  paramilitarismo ha sido la continuidad de la estrategia de contrainsurgencia en Chiapas. Sus consecuencias son: destrucción y deterioro severo del tejido social de las comunidades indígenas que aun no ejercen su derecho a la autonomía. Políticas neo-indigenistas que actúan bajo las más diversas expresiones: “prestadores de servicio social”, programas oficiales para hostigar y amenazar a las comunidades en resistencia; Jueces, autoridades civiles y policías judiciales ejerciendo acoso; inteligencia militar infiltrando asociaciones civiles, productivas y religiosas; planes desarrollistas que deterioran la convivencia regional, al identificar como enemigas a las comunidades en resistencia que se niegan a seguir la lógica del capital. En este ambiente, la fisonomía de muchas comunidades ha cambiado a partir de estos hechos. La  inserción de fenómenos como la prostitución  y el narcotráfico no es una circunstancia natural, sino fruto de la presencia del ejercito en las comunidades de Chiapas, en la cual conservadoramente se pueden visualizar 92 campamentos militares, además de los cuarteles regulares, originando o aumentando la espiral de la violencia en las comunidades indígenas, en la que las mujeres son las mas afectadas. Una situación parecida se da en las regiones indígenas del país, que están ejerciendo los Acuerdos de San Andrés y  su autonomía por la via de los hechos.

 

 

 

CNI Y MOVIMIENTO INDÍGENA NACIONAL.

 

El Congreso Nacional Indígena (CNI) cumplió nueve años el pasado 12 de octubre y  constituye el espacio que los pueblos indígenas de México construimos para comunicarnos y caminar unidos los pasos necesarios del movimiento indígena nacional, en la lucha por su reconstitución integral y libre determinación, expresada como autonomía en el marco de un nuevo Estado nacional. El CNI se ha definido como un espacio de encuentro, discusión y reflexión colectiva y conjunta, sin las estructuras de las organizaciones tradicionales  con el fin de lograr consensos  que no obligan pero inspiran y orientan al movimiento nacional indígena.  En este breve tiempo de nueve años se reconocen debilidades y fortalezas, en las que destacan las siguientes, para el primer caso: carecer de un equipo técnico para la realización de los trabajos más urgentes; no dar respuestas puntuales a sectores y problemas específicos como el de las mujeres y la represión del Estado; falta mayor rapidez en la circulación de documentos informativos emanados sobre la realidad nacional; las condiciones geográficas y costos de transporte dificultan la comunicación entre estados y regiones; hay autocrítica pero falta reforzarla; más que contestar, el CNI debe proponer ante las diferentes coyunturas; no ha logrado la articulación en algunas regiones por el desgaste y la confrontación entre algunos dirigentes  de las propias organizaciones; hay mucha lentitud para articular al CNI con otras fuerzas sociales; no se tiene una voz representativa y permanente en espacios nacionales e internacionales; en algunos casos ante la falta de calendarizacion de actividades, no se tiene un seguimiento puntual de todas las organizaciones, lo que provoca que se regrese a discusiones  ya superadas. Sobre lo segundo, las fortalezas tenemos: independencia y autonomía de los diferentes niveles de gobierno y autogestión de las mismas organizaciones para dar seguimiento a los trabajos del CNI; horizonte claro y objetivo ya que antes de 1994 se pensaba que las luchas solo eran de carácter local y cada quien estaba aislado, hoy existe una visión más amplia de la lucha y un proyecto nacional; reconocer que el verdadero espíritu del CNI se encuentra en sus mismos pueblos y comunidades; no se busca interlocución alguna con el gobierno ni los partidos políticos, sino construir y fortalecer el acompañamiento y la lucha conjunta con el EZLN y el resto del movimiento indígena nacional; el CNI ha sido un espacio de formación de los mismos pueblos, autoridades indias  y sus organizaciones; tiene plataforma política e historia propias lo que nos hace tener propuestas, resultado de  nuestra discusión y que son referentes para todo el movimiento indígena del país; el silencio activo es un instrumento propio de los pueblos indios. Estas fortalezas aun insuficientes, se concretizan además de los municipios autónomos en resistencia, las juntas de buen gobierno y los caracoles en Chiapas, en otras zonas del país como el Caracol del Lago de zirahuen en Michoacán; El municipio autónomo de Xochistlahuaca, y el Consejo Regional de Autoridades Comunales y su  policía comunitaria en  Guerrero; la lucha del pueblo wixarica por defender su territorio en Jalisco y Durango; la lucha de los indígenas (artesanos y comerciantes) mayas de Chichen Itza, en Yucatán; entre muchos otros ejemplos. Sin embargo se reconoce que los  nuevos retos es tener en cuenta, que el movimiento indígena esta viviendo una nueva etapa tendiente a aportar para un nuevo sistema poscapitalista, multicultural y  que reconozca sus  sistemas normativos internos como Derecho Indígena.

Ya que con ello, tenderá a fortalecer  su Reconstitución Integral como Pueblos.  Concientes de que esto  pasa necesariamente, por un nuevo Proyecto de Nación en donde los Acuerdos de San Andrés, y la autonomía, es el primer paso para ello. En este sentido, los Acuerdos de San Andrés  Sacamch’en de los Pobres  se asumen como la Constitucion Indígena y contiendo lo siguiente: 1) reconocimiento de los pueblos Indígenas en la nueva Constitucion y su Derecho a la Libre Determinación en un marco Constitucional de Autonomía, esto es, el nuevo Estado no podrá realizar acciones unilaterales y deberá respetar los planteamientos y previsiones de los pueblos, las comunidades y organizaciones indígenas; 2) ampliar la participación y representación política en el reconocimiento de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, concretándose esto en que los pueblos y comunidades deberán ser sujetos activos en el diseño, la plantación, ejecución y evaluación de los programas y proyectos que se decidan junto con el gobierno, buscando la integralidad de los mismos y creando acciones que abarquen los problemas completos y no intentar resolver solo parte de ellos; se busca que los problemas que tiene relación se resuelvan juntos; 3) garantizar el pleno acceso de los pueblos indios a la justicia y jurisdicción del Estado, asi como el reconocimiento de este, de los sistemas normativos internos- usos y costumbres- de los pueblos indios, esto es fomentar el pluralismo jurídico como principio, buscando que se respete la diversidad de todos los indígenas del país, erradicando con ello la discriminación y el racismo. 4) socializar  las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas; 5) asegurar la educación y la capacitación y aprovechar con respeto sus saberes tradicionales; 6) satisfacer sus necesidades básicas; 7) impulsar la producción y el empleo con sustentabilidad, pues es importante que los proyectos y programas no dañen el medio ambiente ni los recursos de los pueblos indios, respetando con ello, la naturaleza y la cultura de los mismos; 8) proteger a los indígenas migrantes. En síntesis, derechos políticos, expresados en el reconocimiento de los gobiernos propios (autonomías) y de las formas propias de eleccion de sus autoridades. Derechos jurídicos, para poder ejercer sus derechos normativos internos, formas de impartir justicia, reparar las faltas y decidir en materia de conflictos propios y eleccion de sus representantes. Derechos sociales, para decidir sus propias formas de organización como pueblos y como parte de la  sociedad nacional. Derechos económicos, para organizarse de manera propia en el trabajo y el disfrute del producto del mismo,  que tienda a satisfacer las necesidades propias. Derechos culturales, para garantizar la  preservación y fortalecimiento la cultura propia.

 

 

MU LTICULTURALISMO Y CLASE SOCIAL.

 

 

La Nación como formación social y entidad histórica y el Estado como estructura jurídico-política de esta, constituyen dos realidades distintas como resultado de procesos autónomos pero interrelacionados entre sí. En el interior de estas realidades distintas es donde queremos insertarnos como sujetos sociales considerando en que en el ejercicio de nuestra autonomía en los hechos y la construcción de normas propias, basadas en los principios de la comunalidad colectividad, son el camino -según nosotros- para construir nuevas relaciones sociales que se opongan al individualismo y al actual estado neoliberal que respalda al capital.

 

Pero esto no puede ser con la actual estructura política nacional basada en el sistema de partidos que ha excluido y sigue excluyendo las formas de gobierno y organización propias de nuestros pueblos; para ejercer plenamente los derechos que nos corresponden y resistir las agresiones del estado mexicano neoliberal y los grandes capitales que ambicionan nuestras  tierras, a través del desarrollo de proyectos turísticos y urbanos y la destrucción de tierras y  territorios nuestros, incluida la biodiversidad existente en ellas. Para nosotros, el agua, el maíz, la tierra, la biodiversidad, los saberes tradicionales y el territorio en su conjunto son sagrados y un derecho histórico de nuestros pueblos, siendo todo esto parte medular de nuestra autonomía nacida de la costumbre indígena ancestral. Ante esto, luchamos por rechazar  las leyes e iniciativas de ley que en los últimos meses el estado mexicano ha reformado y creado para privatizar todo lo que se nace de la madre tierra y nuestros saberes tradicionales, a través de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley Federal de Acceso a los Recursos Genéticos y Biológicos, la Ley de Minería y la Ley de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas. Lucha por el rechazo a todos los programas dirigidos a la fragmentación y privatización de los territorios y la destrucción de la organización comunal, como el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Comunales (PROCEDE y PROCECOM), el Programa de Pago por Servicios Ambientales y los ordenamientos territoriales de nuestros pueblos.

 

Pero esta lucha no la podemos dar solos, la tenemos que dar, “Con los obreros, con los campesinos,

 

con los empleados, con las mujeres, con los jóvenes. Con aquellos que hacen andar las maquinas, que hacen producir el campo, que le dan vida a las calles y a los caminos. Con aquellos que con su trabajo, preceden al sol cada día. con aquellos que siempre producen las riquezas y hoy solo consumen las pobrezas”. En este sentido, es necesario considerar que la identidad de clase y la identidad indígena no son términos excluyentes, sino complementarios, pues resulta casi innecesario destacar que las relaciones íntercomunitarias  son generalmente relaciones de clase y que la posición de clase de un pueblo indígena, podría condicionar también las representaciones ideológicas de su identidad social. Si asumimos que el ser social determina la conciencia, advertimos que se puede ser campesino e indígena, obrero e indígena, profesional e indígena; un termino no reemplaza al otro, ya que los seres humanos podemos tener no una sino varias identidades sociales. Pertenecer a una clase no excluye pertenecer a un pueblo indígena. La cuestión, en lo que corresponde a una posición de clase, radica en cual de nuestras identidades, resultara totalizadora en un momento dado, es decir, cual actuara como una lealtad primordial que condicione las conductas políticas y sociales. Lo indígena  puede conjugar asi, intereses objetivos con redes afectivas. Considerar que la adscripción genérica a una clase, supone una construcción ideológica, de un cierto nivel de abstracción; en cambio la filiación a un pueblo indígena, es vivida en forma inmediata, con un contenido de conciencia, de alto valor emocional.

 

El desarrollo de las respectivas conductas y desempeños políticos, permitirá advertir uno de los niveles de distinción, entre una identidad de clase y una identidad indígena. Tanto clases como pueblos indígenas, manifiestan su carácter relacional en la medida en que requieren de otras clases o pueblos para definirse en cuanto tales. La diferenciación es también, que una clase subalterna, para realizarse políticamente, deberá clausurar sus mismas condiciones de existencia social, suprimiendo las fronteras  que la separa de la otra clase. En cambio, los pueblos indígenas  que se asuman como proyecto político, deberán mantener a toda costa, los limites que los separan de otras unidades sociales como condición necesaria, para su propia existencia.

En este unión de identidad cultural y clase social considerar al socialismo como la alternativa posible y deseable, en al necesidad de transformar el mundo para que quepen muchos mundos.

 

 

PROPIEDAD ORIGINARIA Y SISTEMAS NORMATIVOS.

 

En el marco de lo jurídico, la legislación nacional,  mantiene aún grandes exclusiones-mas después de la contrarreforma Bartlet-Cevallos-Ortega- al no brindarle personalidad jurídica a los pueblos indio. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene un enfoque liberal-positivista, acorde con el modelo de acumulación capitalista que le dio origen y vigencia. Conforme a los preceptos jurídicos que la componen, el Estado Nacional impuso su hegemonía a los demás sectores y clases de la formación social mexicana. La expresión jurídica de esta hegemonía se expresa, en los  contenidos del Artículo 30 constitucional, con el cual toda la población habida en el territorio adquirió el status de "mexicana". Otro aspecto que asienta la Constitución mexicana, es el de la "igualdad ante la ley". Conforme a este formulismo jurídico, todos los mexicanos son iguales ante la legislación del Estado mexicano, aspecto que entre otros, se fundamenta en el Título I, Capítulo I, que se refiere a las garantías individuales. Teórica y doctrinalmente, este tipo de principios es irrefutable, sin embargo, en los hechos este pronunciamiento "homogeneizó" a los pueblos indígenas corporativizándolos al proyecto nacional, con lo que se "hizo iguales a los desiguales". De esta forma, se negó su condición cultural específica, su existencia y desarrollo autónomo. El Estado mexicano aplicó en su Constitución un criterio monocultural, basada en el indigenismo como ideología del Estado. Como fenómeno político-social este hecho no es gratuito, sino que configura un problema de poder y hegemonía en el que el proyecto capitalista plantea la "homogeneización" y omisión jurídica de las poblaciones indias, como un hecho necesario y útil para la reproducción y expansión de su sistema.

 

Legislativamente la fórmula de la propiedad originaria, que vino a fundamentar a la propiedad territorial de México, quedó consagrada en el Art. 27 de la Constitución General de la República, la que a la letra señala... "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada." La dimensión desde la cual el legislador definió a la propiedad originaria, alude al poder público a través del concepto de Nación, sin embargo, al ser éste un concepto socio-político, presenta ambigüedades con las que se oculta el verdadero carácter de hegemonía territorial. Al tiempo que el texto constitucional pretende presentar a la propiedad, como una propiedad "nacionalizada" encubre a la instancia política que detenta, formal y factualmente a dicha propiedad, es decir, al Estado, por cuanto entidad propietaria que hegemoniza el conjunto de relaciones de propiedad. Es pues, el Estado, como propietario original, quien despliega su actividad no sólo como titular de los recursos estratégicos, sino de igual forma se coloca como árbitro definidor de las relaciones de propiedad. En este contexto, el modelo de constitución mexicana dio cabida a un proyecto nacional que validó sólo al paradigma hegemónico desconociendo, entre otros, a los proyectos de los pueblos originarios, cuyas relaciones de propiedad fueron incorporadas al contexto capitalista, restándoles viabilidad al derecho colectivo y comunal; por eso, gran parte del problema de la propiedad territorial, encuentra sus raíces en el desconocimiento de estos pueblos a sus territorios, a quienes en buena parte acude la razón histórica de reconocerles como propietarios originarios de sus espacios territoriales, incluyendo el conjunto de recursos naturales existentes en ellos.  Fundamentado en la propiedad originaria, el Estado tiene el derecho de transmitir su dominio a los particulares. En el caso específico de los pueblos indígenas, el artículo 27 constitucional refiere en su fracción VII: "Los núcleos de población, que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren..." De esta manera, es el Estado quien se mantiene como propietario originario de las tierras comunales, mientras que los pueblos indios –que son los propietarios originales- aparecen solamente como usufructuarios de las mismas. Así, cuando el Estado diseña planes y programas, estos fluyen desde la óptica estatal, jugando un papel importante tanto las concesiones como las expropiaciones; actos jurídicos, estos, unilaterales del gobierno a través de los cuales dispone del conjunto de recursos naturales existentes en los territorios  (incluyendo la tierra). La expropiación forma parte esencial del régimen de propiedad definido en el artículo 27. En su aplicación, las expropiaciones sólo podrán realizarse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Para los pueblos indios la expropiación, se ha traducido en la mayoría de los casos, en la violación de derechos humanos fundamentales. Si bien encontramos que la ley reglamentaria sobre la materia -ley general de expropiación- señala en su artículo 1º un amplio listado de los casos en que se justifica la utilidad pública y consecuentemente cuando procede la ejecución de la expropiación, en el caso de los pueblos indios han prevalecido criterios políticos y básicamente económicos, en los que "en aras del desarrollo" han sido afectados diversos territorios y recursos. Al respecto valga mencionar la edificación de obras como presas, carreteras, desarrollos turísticos, como ejemplos; Por lo tanto, para los pueblos indios,  la expropiación representa un acto jurídico arbitrario en el que la utilidad pública se ha plegado más bien hacia los fines económicos que desarrolla el Estado en benefició y las empresas transnacionales (PLAN PUEBLA PANAMA y ALCA. )

 

La concesión es otra de las instituciones jurídicas establecida en el artículo 27 constitucional que afecta ha los pueblos indígenas. Desde su redacción original, la concesión se estableció como un derecho del Estado para brindar a los particulares y sociedades civiles y comerciales la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales. Para dar vigencia a este mandato constitucional, las leyes nacionales reglamentarias de minas, petróleo, aguas, bosques, pesca, fauna silvestre y desde luego la ley de bienes nacionales, consolidaron el régimen de concesiones, como un instrumento para fomentar la inversión privada. Asumiendo, de esta manera el Estado, el papel de gestor de empresas -no muy eficaz, por cierto- para la explotación de dichos recursos. Conforme a la normatividad jurídica que reglamenta a las concesiones, los pueblos  podrían obtener la explotación de diversos recursos en sus propios territorios, sin embargo, las circunstancias socioeconómicas en que se desenvuelven les imposibilita, al no contar con los recursos, que viabilicen posibles proyectos. En otras palabras no representan una garantía económica a los fines del Estado, de ahí que sean más bien las grandes corporaciones las que obtengan importantes concesiones en los territorios en que habitan los pueblos originarios. Es evidente que en la aplicación de la concesión existe una grave contradicción histórica, en la que no obstante, de tratarse de recursos naturales que en los hechos se ubican en las márgenes de la territorialidad india son aprovechados por intereses extranjeros ajenos a la patria mexicana, dejando incluso sus respectivas secuelas de destrucción y degradación de los ecosistemas nativos y su cultura. Por eso, allí esta el mayor interés del Estado,  de ignorar a los pueblos indígenas en el marco legal mexicano y negarles personalidad jurídica propia, como sujetos de derecho.

 

Demuestra esto, que  los pueblos indígenas se encuentran aprisionados en un universo jurídico, que además de no obedecer a sus patrones culturales, contradice su identidad y cierra las posibilidades de un desarrollo autónomo para como pueblos. De ahí la importancia de reconocer política y jurídicamente a la cosmovisión indígena, y consecuentemente su régimen jurídico, el que además de adecuarse en los márgenes de la cultura nativa se constituye como un elemento alternativo de solución a sus conflictos jurídico-sociales. El derecho Consuetudinario Indígena como un sistema legal, describe y sistematiza al conjunto de regulaciones jurídicas (usos y costumbres) de los pueblos indígenas, como colectividades y como individuos, planteando a la sociedad mexicana un nuevo modelo de pluralismo jurídico, al identificar diversos sistemas de derecho, interrelacionados-derecho positivo hegemónico, sistemas normativos internos y vínculos jurídicos ínter comunitarios- aunque es verdad que la aplicación integral del conjunto de reglas, principios, normas, acciones, procedimientos y órganos ejecutores tienen que alcanzar su plena madurez en las  nuevas circunstancias que genere un nuevo proyecto de país y una nueva constitución. 

 

 

 LA SEXTA, “LA OTRA CAMPAÑA” Y NUEVO PROYECTO DE NACIÓN.

 

La Sexta y la “otra campaña”, no es un movimiento electoral, en una convocatoria para los que no votan; plantea ir mas allá de la democracia, como un instrumento electoral; es también un nuevo movimiento social que quiere hacer un nuevo movimiento político, de organización y de acción; que responda a demandas sociales y nacionales de muchos sectores de la población, y que en la mayoría de los casos el sistema de partidos y el gobierno no toma en cuenta. O no las cumplen, y por que en muchos casos gobierno y partidos son, ideológicamente, afines al neoliberalismo. Invitándonos a luchar por un programa nacional y una nueva constitución, por la  via de la liberación nacional y el socialismo.

 

El EZLN y el movimiento indígena se propone crear “un nuevo modo de hacer política” para construir en México la alianza más vasta posible entre sectores sociales, políticos y culturales y aplicar un “programa nacional” de lucha hasta llegar a una “nueva constitución”. Desde luego con esto confronta a los movimientos sociales y anticapitalistas que han hecho de la conquista del poder su objetivo principal. Los zapatistas confrontan este paradigma y arrojan ellos mismos su historia, su capacidad de comunicarse y de organizarse en al dirección opuesta: la que busca cambiar su país por otros medios, coherente con sus modos colectivos  o sea una democracia radicalmente de izquierda.

La sexta y “la otra campaña” es entonces, la construcción del poder, en y por, la sociedad misma, desde abajo, siendo una tarea larga pero clave, de crear un movimiento en constante movimiento.

La construcción con todos, de un nuevo proyecto de Nación, de izquierda socialista; un  nuevo Constituyente y  una nueva Constitución; con fundamento en  la defensa de la voluntad popular y en  el  rescate de la Soberanía Nacional. Un nuevo proyecto de nación que contenga  una nueva política económica, una nueva relación entre gobernantes y gobernados ya que en la actualidad no hay democracia ni estado de  derecho, una política que defienda la Independencia y la Soberanía Nacional.

 

 Para  esto, es necesario: 1) el análisis de la crisis estructural del Estado neoliberal mexicano y el posible camino a la democracia con justicia y dignidad, teniendo en cuenta: la situación actual de la sociedad mexicana; identificar a actores del cambio democrático; a la derecha como sector resistente al cambio democrático; equilibrar a las  fuerzas sociales desde abajo; reconocer las diferentes formas, modos y caminos a  la  democracia con justicia y dignidad; ir definiendo etapas de la construcción de la democracia socialista. 2) fortalecer las vías pacificas para el transito a la democracia en base a la defensa de la Soberanía Nacional y resistencia civil, a partir de: Acuerdos entre todas las fuerzas políticas democráticas; el Articulo 39 constitucional como base de la lucha popular; consultar convocatoria a un Congreso Constituyente. 3) la  defensa de la Soberanía Nacional tendrá que  considerar: formas de lucha; organización de la lucha; Plan de Insurgencia  Nacional. 4) Resistencia civil: formas espontáneas de resistencia civil; formas organizadas de resistencia civil;  acciones simbólicas,  acciones reivindicativas, evaluar los alcances y limitaciones de cada una de ellas.

 

Antes, durante y paralelamente, formulación de un proyecto de Nación sobre la base de las necesidades más urgentes: techo, tierra, trabajo, alimentación, salud, educación, independencia, justicia, libertad, paz, democracia. Con  lineamientos de responder a la organización más necesarias del pueblo – desde abajo- estableciendo procedimientos democráticos para la toma de decisiones;  establecer condiciones para una sociedad socialista, que fomente medidas para desarrollar la libertad y dar plena vigencia a los derechos humanos. Convocar un Congreso constituyente: momento y característica de su convocatoria; revision critica de la legislacion actual; análisis y síntesis de los problemas nacionales; representatividad de sus miembros; composición del nuevo constituyente; reglamentación de sus trabajos; vías de información y consulta a la sociedad; formas de aprobación de la nueva constitución;  tiempos y modos de promulgación de la nueva Constitución; mecanismos de aplicación de la nueva Constitución;  métodos para la revision de la nueva Constitución.

 

Las sociedades del futuro tendrán que basarse en la articulación igualitaria de las diferencias, entre grupos culturales alternos, pero esa articulación no supondrá la relación entre unidades homogéneas, sino también internamente diversas. Como propuesta para el presente y el futuro, y caminar para construir el programa de nación de los pueblos indios (con los Acuerdos de San Andrés)  y no indios; de las trabajadoras y los trabajadores, que permita dejar de ser clase dominada, y neo-colonizada, y transformarse en clase dominante y liberada, e instaurar la Libertad, la Igualdad, la Democracia y el Socialismo, que haga compatible la Nación de los pueblos y la Nación de los ciudadanos; un mundo donde quepan muchos mundos, o sea la Constitucion de un Estado-Nación Multicultural, y diverso que reconozca la igualdad en la diferencia.

 

 

CONCLUSIONES

Los pueblos indígenas de México vivimos ya nuestro futuro, vive en nuestras mentes y en nuestros corazones; en nuestra capacidad de construir un mundo donde quepan muchos mundos. Cuando el EZLN afirma: “vamos a seguir luchando por los pueblos indios de México pero ya no solo por ellos ni solo con ellos, sino que por  todos los explotados y desposeídos  de México, con todos ellos y en todo el país”. Sintetiza la nueva etapa del EZLN y del CNI como parte fundamental del movimiento indígena nacional y obliga, como pueblos indios, a una  necesaria reflexión desde la historia, el territorio y las autonomías, en torno a la Reconstrucción Integral de nuestra identidad; entendiendo esto no en el sentido de restaurar el pasado idealizado, sino más bien, en una construcción dinámica – como ha sido siempre- hacia el futuro de unificación de los pueblos, futuro que para nosotros significa ahora; de la articulación intracomunitaria, regional y macroregional, de fortalecimiento de su conciencia autonómica, construcción o reconstrucción de formas de organización política, territorial y cultural más amplias y representativas en un nuevo Estado, la sociedad nacional y el sistema socioeconómico no dominante. Desde luego, Esto implica el establecimiento o restablecimiento, o fortalecimiento y desarrollo de formas de propiedad comunal hoy asediadas por la vorágine neoliberal, de asambleas como órgano máximo de poder comunal y la vigencia del sistema de cargos, el tequio o trabajo colectivo gratuito, la festividad como cohesión sociocultural y el territorio como espacio de relación intima con la naturaleza y de reproducción material y cosmogónica de los pueblos.  Tener a la historia como un instrumento descolonizador, de concientización y reforzamiento de nuestras identidades con base en una perspectiva dinámica que observa a las culturas indígenas en permanente transformación y adaptación para preservar como distintivo primordial el carácter colectivo de sus instituciones, percepción del mundo y relación entre personas contrario a las estructuras políticas verticales y autoritarias, basadas en individuos “competitivos” y enfrentados entre sí. Y siguiendo los consejos y enseñanzas del Popol Vuh, libro sagrado de los mayas que dice: “que todos se levanten, que caminen todos, que no haya uno, ni dos, que se quede atrás”, en la construcción de un mundo con identidades y sin clases sociales.

 

En  mas de 500 años y últimos 11, los pueblos indígenas de México, han aprendido a aprender; es decir, a seguir aprendiendo.

 

 



[1] Ponencia  presentada en el XI Coloquio Estado y Movimientos Sociales. –Proyecto de Nación y Movimientos sociales- del 17 al 20 de octubre del 2005.  Universidad Autónoma Metropolitana. México, D. F.

[2]  Trabajador Universitario-UNAM. Miembro del Foro Maya Peninsular de Yucatán y Quintana Roo e integrante de la Comisión de Seguimiento del Congreso Nacional Indígena, en el Grupo de Trabajo de Justicia y Derechos Humanos

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